El Parlament de Catalunya ha hecho historia aprobando la Ley del Tercer Sector Social, una norma que el sector llevaba reclamando desde hace años y que reconoce, por primera vez con rango de ley, la labor de más de 3.000 organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan cada día para acompañar a más de 2 millones de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Durante la sesión de aprobación, el presidente del Parlament, Josep Rull, quiso recordar a título póstumo a dos figuras clave en el camino hacia esta ley: Josep Gassó (1951-2024), presidente de Fundesplai, y Enric Morist (1965-2025), vinculado a la Cruz Roja y presidente de la Taula del Tercer Sector, destacando su compromiso con el reconocimiento del tercer sector social y con la sociedad.
La tramitación no ha sido sencilla: la proposición de ley se registró por primera vez en mayo de 2022, decayó en 2024 con la convocatoria de elecciones anticipadas y tuvo que volver a iniciar su recorrido parlamentario en marzo de 2025. Finalmente, ha salido adelante con el apoyo de los grupos PSC-Units, Junts, ERC, PPC, Comuns y CUP-DT. Con esta aprobación, Cataluña deja atrás una situación de desventaja respecto a otros territorios del Estado -como el País Vasco, Extremadura o las Islas Baleares- que ya cuentan con un marco legal propio desde hace entre 4 y 9 años.
Reconocimiento, estabilidad y más voz para el sector
La Ley establece un marco estable que debe permitir a las entidades trabajar con mayor seguridad y continuidad, y refuerza su papel como interlocutoras ante las administraciones públicas. Uno de los elementos más destacados es la creación del Consejo de Diálogo Civil, un nuevo órgano que debe garantizar la participación del tercer sector social en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que afectan a los derechos sociales.
«Deberíamos tener más capacidad de poder pronunciarnos e influir en relación con políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía», ha subrayado Xavier Trabado, presidente de la Taula del Tercer Sector, expresando una de las aspiraciones que la nueva ley quiere contribuir a hacer realidad.
En cuanto a la financiación, la norma contempla la creación de un Plan de impulso y promoción de las entidades del tercer sector social en Cataluña para mejorar la estabilidad económica del sector y asegurar el sostenimiento de sus estructuras. Aunque la Ley no fija una dotación económica concreta, las medidas se concretarán en el desarrollo reglamentario posterior. En materia laboral, recoge el compromiso de avanzar hacia condiciones de trabajo equiparables a las de la función pública, bajo el principio de ‘igual trabajo, igual salario’, y reconoce la concertación como la fórmula preferente de colaboración entre las entidades y las administraciones.
«Representa el reconocimiento explícito, con rango normativo de ley, de todo un sector, de 120.000 trabajadores, de personas beneficiarias, de entidades y sobre todo de personas voluntarias, y sobre todo representa el reconocimiento a la sociedad civil organizada», ha destacado Jordi Roman, presidente de la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social de Cataluña y director de Recursos Humanos de Fundesplai.
Una red imprescindible para la cohesión social
Detrás de esta ley hay décadas de trabajo de una red de entidades arraigadas en el territorio que acompañan a niñas, niños, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, con diagnóstico de salud mental, sin hogar o con dificultades para acceder al mercado laboral, entre otras muchas situaciones de vulnerabilidad. Más de 120.000 profesionales y miles de personas voluntarias hacen posible que, en una Cataluña de 8 millones de habitantes, una de cada cuatro personas reciba en algún momento el apoyo de una entidad social.
Su tarea va mucho más allá de cubrir necesidades inmediatas: las entidades sociales promueven la autonomía de las personas, la inclusión y la defensa de derechos, demostrando ser capaces de responder tanto a emergencias sociales como a los grandes retos de futuro.
Ahora, el reto es desplegarla
La aprobación de la Ley es un punto de partida, no un punto de llegada. El sector es consciente de que el verdadero impacto de la norma dependerá de su despliegue reglamentario y de la voluntad política para hacerla efectiva. Como resume el mensaje del sector: ‘Ya tenemos Ley. Ahora, avanzamos’ .