En mayo se inició la tramitación en el Parlamento de Cataluña para dotar de un marco jurídico al trabajo de las entidades sociales y en octubre superó el debate a la totalidad.
En mayo se inició la tramitación en el Parlamento de Cataluña para dotar de un marco jurídico al trabajo de las entidades sociales y en octubre superó el debate a la totalidad.
A pesar de contar con una histórica tradición asociativa, hasta ahora, el Tercer Sector Social no ha dispuesto de un marco legal propio en Cataluña. Para cambiar esta situación, la Mesa de entidades del Tercer Sector y la Confederación Empresarial del Tercer Sector Social –como representantes– han impulsado una ley que ponga en valor el trabajo de las entidades sociales, así como su participación en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas: «Esta es una ley esencial para las personas y para el país. La Ley del Tercer Sector Social es necesaria, oportuna, urgente y viable», según palabras de Francina Alsina, presidenta de la Mesa.
Con este objetivo en mayo la ley entró en tramitación en el Parlamento con el apoyo de todos los partidos políticos (excepto Vox). En el mes de octubre, la ley dio un paso más tras superar el debate a la totalidad, sin que ningún grupo político presentara enmiendas a la totalidad, con lo que el texto debe continuar con los trámites parlamentarios en ponencia y comisión.
¿Qué dice la ley?
La proposición de ley consta de 19 artículos (divididos en 4 capítulos), una disposición adicional, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
En el primer capítulo se hace referencia a la definición de las entidades del tercer sector, a los principios rectores y a su ámbito de aplicación. La proposición especifica, en el segundo capítulo, cuestiones relativas a la colaboración entre el Tercer Sector Social y los sectores público y privado, como los instrumentos no contractuales. «Creemos que la colaboración entre las entidades sociales y las administraciones es básica y que debe establecerse desde la corresponsabilidad», comentó la presidenta de la Mesa.
El tercer capítulo pone sobre la mesa la necesidad de que el Tercer Sector se convierta en un interlocutor reconocido, no sólo de manera implícita, sino también con garantías de derecho, con apoyo institucional y con un financiación adecuada para poder desarrollar su trabajo. Así, una mayor inversión y un refuerzo presupuestario desde las administraciones públicas, en palabras de Alsina, garantizarían la sostenibilidad de los programas. Por último, se establecen las medidas de fomento del sector, que incluyen la regulación del ‘Plan de impulso y promoción del Tercer Sector’.
Desde Fundesplai confiamos en que la Ley del Tercer Sector se pueda aprobar y que se articulen los mecanismos necesarios para desarrollarla y hacerla efectiva.